Toda tarifa es una decisión política disfrazada de cuenta matemática. Cuando esa cuenta no se publica por zona, por consumo y por periodo, el usuario no puede discutir nada: solo puede pagar.

La transparencia tarifaria no delata a nadie. Le da al regulador, al congresista y al vecino la misma cifra para discutir. Sin ella, cualquier aumento se convierte en una pelea de relatos en lugar de una revisión de costos.

Monóculo va a seguir preguntando por el número. Es la forma más simple de ejercicio cívico que existe: exigir la cifra que justifica el cobro.