El 95% del tráfico de datos de una isla no viaja por el aire: viaja por el fondo del mar. Quien controla el punto de desembarco de un cable controla, en la práctica, una puerta de entrada que ninguna aduana puede inspeccionar.
En la última década, el Caribe pasó de ser un pasivo de conectividad a un corredor disputado. Las empresas que financian los cables no son solo operadoras: son extensiones de una estrategia industrial que responde a una capital.
Para un país como República Dominicana, la pregunta técnica —¿cuántos cables y con qué redundancia?— es también una pregunta de soberanía: qué datos quedan bajo jurisdicción local y cuáles salen antes de que exista un marco para pedir cuentas.
