Hay decisiones que un país toma sin enterarse de que las está tomando. Esta es una de ellas. En dieciocho meses, el tráfico de contenedores que usa a República Dominicana como escala dejó de parecerse al mapa que describen los discursos oficiales.
No se trata de un titular de “inversión extranjera”. Se trata de quién fija las reglas de un puerto, quién hereda el riesgo y qué queda para el fisco cuando el contrato se lee hasta el anexo C.
Monóculo revisó el expediente público, contrastó cifras de carga y habló con operadores que no aparecen en las ruedas de prensa. El patrón es claro: la infraestructura se vendió como soberanía logística y se estructuró como una renta de largo plazo para un consorcio con poca huella local.
El punto no es oponerse al capital. Es saber, con nombres y porcentajes, qué se entregó a cambio de un recorte de cinta.
